Por Lia P. Hernández Pérez
Panamá le lleva la delantera a la región en regulación de IA
Mientras muchos países de Latinoamérica todavía discuten si necesitan una ley de Inteligencia Artificial, Panamá ya está construyendo la suya. El país cuenta actualmente con una serie de iniciativas regulatorias sobre tecnologías emergentes, específicamente sobre Inteligencia Artificial (IA): el proyecto de Ley que establece la Gobernanza adaptativa de la IA y el borrador de la Estrategia Nacional de la IA, ambos elaborados por un proceso de co-creación multisectorial liderado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
Estos documentos resaltan la importancia de definir lineamientos que sigan principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la no discriminación y la privacidad, fundamentales para el desarrollo de toda tecnología ética, justa y centrada en el ser humano y sus garantías fundamentales.
Un marco que ya tiene bases legales sólidas
Estos intentos regulatorios se relacionan con leyes vigentes en el país como la Ley 81 de 2019 en materia de Protección de Datos Personales y la Ley 6 de 2002 sobre Acceso a la Información en la Gestión Pública, las cuales buscan garantizar que los sistemas de toma de decisiones automatizados respeten la supervisión humana, los recursos legales y la proporcionalidad en el uso de los datos personales. Este enfoque refuerza la idea de que la IA debe servir a objetivos de interés público, como la eficiencia y la innovación, sin debilitar las garantías fundamentales de los individuos y el Estado de Derecho en el país.
Lo que otros países pueden aprender de este proceso
Algunos de los principales avances clave en materia de legislación, políticas o marcos normativos relacionados con la IA en Panamá que podemos mencionar son:
- La elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial liderada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), con colaboración internacional del Georgia Tech, que tiene como finalidad definir objetivos para una adopción de la IA ética, segura e inclusiva.
- Los proyectos de Ley sobre regulación de la IA presentados ante la Asamblea Nacional de Diputados, ya sea por legisladores o por ciudadanos ejerciendo su derecho de presentar proyecto bajo la modalidad de participación ciudadana. Estos proyectos buscan crear un marco jurídico que regule el desarrollo, el uso, la ética y la gobernanza de la IA, incluyendo disposiciones relacionadas con la dignidad y los derechos humanos.
- Las iniciativas del sector privado, como las directrices éticas de la Cámara Estadounidense de Comercio (AmCham Panamá) y su código de uso ético de la IA, que promueven principios de gobernanza corporativa para una IA responsable, centrados en la equidad, la transparencia y la alineación con las normas de derechos humanos.
- Los debates públicos, foros de expertos y mesas de debate sobre la IA ética organizados principalmente por organizaciones académicas y de la sociedad civil, que contribuyen a sensibilizar sobre el tema.
Quién forma parte del ecosistema
Igualmente, existen actores que configuran el ecosistema de la IA en Panamá, institucionales, académicos y del sector privado. SENACYT desempeña un papel central de coordinación, liderando el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y promoviendo la colaboración entre el Gobierno, el mundo académico, el sector privado y la sociedad civil. Su labor se centra en posicionar la IA como una herramienta para el desarrollo, al tiempo que hace hincapié en la ética, la innovación y el desarrollo de capacidades. La Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) es otro actor operativo clave, ya que supervisa la transformación digital y las iniciativas de administración electrónica, incluida la integración gradual de herramientas de IA en la administración pública y los servicios públicos, y desde una perspectiva de gobernanza, supervisión y legislación, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
Otros actores clave serían la academia, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado que participan activamente en el ecosistema de la IA, contribuyendo a la investigación, la defensa de derechos humanos en el entorno digital y el diálogo sobre el uso ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Entre estos destacan: el Observatorio Panameño de Inteligencia Artificial (OPIA), una plataforma colaborativa impulsada por la sociedad civil y el sector privado para identificar, analizar y promover prácticas de IA éticas, transparentes y socialmente responsables en el país; organizaciones como la IDEA Internacional e IPANDETEC, que participan en debates públicos y discusiones regionales sobre la regulación de la IA y sus implicaciones para los derechos y el desarrollo, aportando las perspectivas de la sociedad civil a los foros públicos; y la Cámara de Tecnología, la Información y Telecomunicaciones (CAPATEC), la Asociación de Ejecutivos de Empresas (APEDE), AMCHAM y el recién creado Laboratorio para la Aceleración de la Inteligencia Artificial.
Lo que está en juego ahora
Actualmente en Panamá, los aspectos más debatidos en cuanto a la IA es su utilización de manera ética y responsable, partiendo de los proyectos de ley que se han presentado ante el órgano legislativo y que se basan principalmente en no sustituir a los seres humanos por esta tecnología emergente y en el respeto fundamental a las personas. Por otro lado, su uso en sectores como la educación, ya que la mayoría de las iniciativas actualmente en marcha en el país se centran en el desarrollo de capacidades para personas de diferentes sectores productivos como el bancario, logístico, salud y otros.
Por qué esto le importa a toda la región
El entendimiento de la IA en el país se encuentra en sus primeras etapas y para promover su comprensión pública, debemos ser todos y todas parte de este proceso de co-creación. La Estrategia Nacional de IA se lanzará a finales del mes de julio y esperamos que todos los compromisos a desarrollar por la misma cuenten con un marco de gobernanza de la IA basado en estándares internacionales y que fortalezcan a todos los sectores, en especial a las instituciones gubernamentales, en cuanto a sus competencias especializadas y su capacidad institucional necesarias para implementar dicha política nacional. Esto representa una oportunidad de colaboración no solo para Panamá, sino para cualquier empresa u organización que esté evaluando cómo la IA se regulará en la región en los próximos años.
Sobre la autora
Lia Patricia Hernández Pérez es abogada especializada en Derecho Digital, con más de 15 años de experiencia en protección de datos, comercio electrónico y ciberseguridad. Es Directora de Legal IT, primera boutique legal especializada en Derecho Digital en Panamá, y como Consultor Internacional ha asesorado en la redacción de normativa tecnológica en varios países de la región, incluyendo El Salvador y Panamá.